Vivir sin miedo es un derecho, no una excepción
La violencia contra las mujeres y las niñas constituye un grave problema de salud pública de enormes dimensiones. Afecta su bienestar físico, mental y emocional, limita sus oportunidades de desarrollo y perpetúa las desigualdades de género. Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida, una realidad que exige respuestas urgentes, integrales y sostenidas. Abordar este tema es fundamental para avanzar hacia sociedades más justas, equitativas y saludables.
Panorama y relevancia.
La violencia de género no es un fenómeno aislado ni privado; se despliega como un problema estructural que impacta la vida, la salud mental y física, la autonomía económica y la participación social de las mujeres. En América Latina, su peso epidemiológico se expresa en cifras de femicidios, atenciones de urgencia, trastornos de salud mental y procesos crónicos que se incuban en el miedo cotidiano.
En 1993, la ONU definió la violencia hacia la mujer como » todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada».
La violencia se manifiesta generalmente de forma física, sexual y psicológica. Ésta incluye las siguientes manifestaciones:
- Violencia por un compañero sentimental (violencia física, economica, maltrato psicológico, violación conyugal, feminicidio)
- Violencia sexual y acoso (violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibernético)
- Trata de seres humanos (esclavitud, explotación sexual)
- Mutilación genital
- Matrimonio infantil
La violencia contra las mujeres y las niñas continúa siendo un profundo mal en el mundo, los ataques suceden ya no solo en casa o el trabajo sino también a través de las redes sociales y la Inteligencia Artificial, y se agrava en contextos como los conflictos armados y el cambio climático.
El sector salud se convierte así en una de las primeras puertas de entrada para detectar señales, contener a las sobrevivientes y articular rutas de protección. Ignorar esta violencia es permitir que siga escribiéndose en silencio.
La violencia como desafío de la salud pública.
Desde la salud pública, la violencia contra la mujer no es solo un problema social: es un determinante que atraviesa el curso vital completo. Genera un impacto significativo en salud mental, salud sexual y reproductiva, enfermedades crónicas, discapacidad, ausentismo y mortalidad.
Abordarla exige modelos integrales que combinen prevención, detección temprana, atención oportuna y acompañamiento intersectorial. El rol de los equipos de salud es decisivo: pueden identificar señales, contener, informar y activar rutas de protección.
En América Latina, este desafío toma un matiz más profundo porque la violencia no se distribuye al azar: afecta con mayor fuerza a mujeres en situación de pobreza, migrantes, indígenas, adolescentes y quienes viven en territorios rurales. Por eso, la respuesta sanitaria debe ser territorial, inclusiva y sostenida, articulada con justicia, educación y redes comunitarias. Cada intervención temprana evita nuevas lesiones, nuevos silencios, nuevas pérdidas. Cada profesional formado, cada protocolo actualizado y cada espacio seguro construido acerca a la región a un horizonte donde la violencia deje de ser norma y se convierta, por fin, en memoria y no en destino.
Proyecciones para la región y desafíos emergentes.
A futuro, la evolución de la violencia contra la mujer dependerá de la capacidad de los países para sostener políticas públicas estables y fortalecer los sistemas de salud y protección social. Si estos esfuerzos se consolidan, es posible proyectar una disminución progresiva, aunque el avance seguirá siendo lento mientras persistan desigualdades estructurales. La emergencia de nuevas formas de violencia, especialmente en entornos digitales, exige adaptaciones constantes y una vigilancia más sólida. En este escenario, los equipos de salud cumplen un rol decisivo, pues suelen ser el primer punto de contacto para muchas víctimas. Su labor permite detectar señales tempranas, orientar de manera segura y activar rutas de apoyo. Para América Latina, los principales desafíos son ampliar la cobertura en territorios excluidos, mejorar la coordinación con justicia y servicios sociales, fortalecer los registros para reducir el subdiagnóstico y asegurar formación continua con enfoque de género. El progreso real dependerá de mantener estas acciones más allá de los ciclos políticos y convertirlas en compromisos sostenidos del Estado.
Datos.
- En la región de las Américas, 1 de cada 3 mujeres de 15 años o más ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida.
- Respecto a violencia sexual perpetrada por personas distintas de la pareja en la región, se estima que 1 de cada 8 mujeres de 15–49 años ha vivido al menos un episodio en su vida.
- En los últimos cincos años, en la región de América Latina y el Caribe se han registrado al menos 19.254 feminicidios
- A pesar de la magnitud del problema, el apoyo internacional para prevención es escaso: en 2022 aproximadamente solo 0,2 % de la ayuda internacional al desarrollo se dirigió a programas para combatir la violencia contra las mujeres.
Compromiso y acción.
Que este 25 de noviembre no pase como una fecha más, sino como un llamado claro a la responsabilidad común: asegurar entornos donde ninguna mujer vea su libertad ni su cuerpo vulnerados. La verdadera transformación se construye en lo cotidiano: en la consulta donde se escucha sin juicio, en el aula donde se forman miradas críticas, en cada interacción que reconoce el riesgo y decide proteger. Desde esos gestos concretos nace una respuesta profesional más ética, más humana y más comprometida con la dignidad de todas.
Bibliografía
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